Bloque 1 · Ciencias Jurídicas

Tema 21: Derecho Procesal Penal

Tema 21 del programa oficial de la Escala Básica. En nuestro banco hay 91 preguntas tipo examen de este tema; abajo tienes 3 de ejemplo, corregidas como las verás en la plataforma.

Actualizado el 14/09/2026 · Revisado por el equipo de preparación de Academia TestCNP · Normativa verificada a diario contra el BOE

Qué entra en este tema, según el programa oficial

Noción de Derecho Procesal Penal. Concepto de jurisdicción y de competencia. Los órganos de la jurisdicción penal. Concepto de denuncia y la obligación de denunciar. La detención: concepto y duración. La obligación de detener. Los derechos del detenido. El procedimiento de habeas corpus. Procedimiento integral de la detención policial. El Ministerio Fiscal: funciones. La Policía Judicial.

Texto literal del tema 21 en el programa de la convocatoria (BOE-A-2026-15055 ).

La normativa que desarrolla este tema

  • LO 6/1984 — Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus» BOE
  • LOPJ — Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (solo una parte entra en el temario) BOE
  • LO 5/1995 — Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado BOE
  • LO 5/2000 — Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores BOE
  • LECrim — Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (solo una parte entra en el temario) BOE
  • Ley 50/1981 — Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (solo una parte entra en el temario) BOE
  • RD 769/1987 — Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial BOE

Preguntas de ejemplo de este tema

Tal y como aparecen en nuestros tests: 3 opciones, una correcta, y la explicación al corregir.

1.Juan Carlos ha sido detenido por la comisión de un delito de homicidio, pero en dependencias policiales les indica que no quiere asistencia letrada porque él es abogado. ¿Qué le respondería usted?

A Que necesita de un letrado, y que si no quiere uno, se le designará uno particular.
B Que está en su derecho al renunciar a la asistencia letrada.
C Que necesita de un letrado, y se puede representar a si mismo.
El TS reconoce el derecho a la autodefensa en el caso de que la persona sea abogado. La respuesta correcta alude a que si no quiere la defensa de otro letrado, se debe autodesignar como su propio letrado, porque sino carecería de abogado a efectos prácticos, designándosele uno de oficio y carecer de abogado es contrario a la Constitución.

2.Para exigir responsabilidad penal a miembros de Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas cuyo Estatuto mantiene el aforamiento, por hechos cometidos en el territorio de la comunidad, será competente:

A El Tribunal Superior de Justicia.
B El Tribunal del Jurado.
C El Tribunal Supremo.
Gozan de aforamiento: MIRE LA DIFERENCIA

• los Presidentes del Congreso y del Senado, y los Diputados y Senadores, de cuyos procesos por delitos conocerá igualmente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71 C y art. 57.1.2º LOPJ).
• así como los presidentes de los Parlamentos autonómicos, y sus propios parlamentarios, de cuyos procesos por delitos conocerá las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en razón de lo que deter-minen los Estatutos de Autonomía (arts. 57.1.2º y 73.3.a LOPJ). En el caso de que el delito que cometieran afectara a más de una Comunidad Autónoma entonces la competencia la tendrá la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

3.Un diputado de una Asamblea Legislativa autonómica cuyo Estatuto le reconoce inmunidad comete un delito de narcotráfico en el territorio de su comunidad autónoma, ¿podrá ser detenido?

A Sí, y será juzgado por el Tribunal Supremo.
B No, salvo en caso de flagrancia delictiva.
C Sí, con autorización del Presidente del Parlamento autonómico.
La inmunidad de los parlamentarios autonómicos no está en la Constitución (su art. 71 solo regula la de los Diputados y Senadores de las Cortes Generales), sino en cada Estatuto de Autonomía. Los que la reconocen dicen que, durante su mandato, «no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito» (así, el art. 38.2 del Estatuto de Aragón y el art. 11.1 del de Cantabria; en el mismo sentido, el art. 40.2 del de Canarias). No todos la mantienen: desde la LO 1/2021, el Estatuto de la Región de Murcia solo da a sus diputados la inviolabilidad (art. 25).

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